La Fiscalía colombiana concluyó el viernes 22 de enero que el Escuadrón Antidisturbios de la Policía nacional ESMAD es el responsable del asesinato del estudiante de la Universidad del valle, Johnny Silva Aranguren, ocurrida el 22 de septiembre de 2005, cuando los estudiantes del centro de educación superior se encontraba protestando por el corte de agua potable desde hace más de una semana en el Corregimiento de Villa Gorgona, Municipio de Candelaria y las agresiones de la fuerza pública contra la población y contra el Tratado de Libre Comercio TLC, los policías que se desplazaban en la tanqueta No. 24027, entraron por la Fuerza al campus universitario y fueron agrediendo brutalmente y disparando armas de fuego, gases lacrimógenos y golpeando a bolillo a los estudiantes que allí se encontraban. Según la fiscalía un agente de la Policía fue quien disparó contra Silva, estudiante de la Univalle. En Cali, era un secreto a voces que el disparo había salido del arma de un agente del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios). La Policía, por su parte, lo negó desde el inicio. Pero ahora que la Fiscalía se pronunció al respecto, no quedó ningún lugar a dudas. “La persona que dio muerte a Johnny Silva fue un miembro del Esmad aún no identificado”, manifestó el organismo investigador en su resolución.
Ese día siendo aproximadamente las 7:00 p.m. los policías dispararon contra JHONY SILVA ARANJUREN de 21 años, estudiante de quinto semestre de la Facultad de Química, quien salió gravemente herido de la Universidad hacia la Clínica Valle de Lili, donde falleció antes de ser intervenido clínicamente, dejando otros heridos, entre ellos GERMAN PERDOMO del programa de psicología quien fue intervenido en la misma Clínica.
El capitán Gabriel Bonilla, comandante del escuadrón policial que ingresó a la Universidad tendrá que responder ante la justicia colombiana por este condenable acto de terrorismo del estado colombiano contra la justa protesta del movimiento estudiantil.
Cabe destacar que las organizaciones estudiantiles, juveniles y defensores de derechos humanos de Colombia exigen al gobierno del presidente Álvaro Uribe la disolución de este cuerpo represor, sobre cuyos hombres recae denuncias por varios asesinatos, agresiones y brutalidad contra muchos colombianos que se levantan en protestas ante las políticas antisociales del régimen neoliberal de ultraderecha imperante.
Fuente: Página Web del Partido Comunista Colombiano
